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La jubilación activa, esa gran desconocida

Iñigo Sagardoy de Simón
Iñigo Sagardoy de Simón es Presidente en Sagardoy Abogados y Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria.

La idea de seguir trabajando a tiempo completo alcanzada la edad de jubilación ordinaria ha dejado de ser una utopía gracias a la jubilación activa. Esta figura, a pesar de llevar en nuestro ordenamiento jurídico desde 2013, ha tenido una escasa aplicación en España. La jubilación activa permite al pensionista compatibilizar su pensión con su trabajo por cuenta ajena o propia, manteniendo el 50% de la cuantía, y supone una notable contribución de cara a configurar un marco normativo laboral sobre la base del neologismo flexiseguridad.

Situándose a caballo entre la jubilación ordinaria y el empleo a tiempo completo, esta figura jurídica permite ofrecer más salidas al empresario respecto de aquellas personas mayores que, alejándose del concepto tradicional de jubilación asociado al descanso total, prefieran el envejecimiento activo.

La jubilación activa flexibiliza el ordenamiento jurídico y también aporta seguridad a través de prestaciones sociales y mantenimiento del empleo.

Se trata de una modalidad que adapta el mercado laboral a las nuevas demandas de la sociedad y que opta porque el trabajador no renuncie a su empleo e incluso siga siendo productivo a jornada completa a partir de cierta edad. No solo ofrece alternativas al empresario ante las exigencias de un empleado que quiere tener una vida laboral activa, también evita cualquier desprotección a este que seguirá percibiendo una parte de la pensión de jubilación. Es el reflejo de un instrumento que flexibiliza el ordenamiento jurídico pero que también aporta seguridad a través de prestaciones sociales y mantenimiento del empleo.

¿Qué condiciones tiene la jubilación activa?

La norma fija unas condiciones al trabajador, siendo la más importante que la cuantía de la pensión de jubilación sea el 100% de la base reguladora. Durante el tiempo que el jubilado trabaja, se cotiza por incapacidad temporal, por contingencias profesionales y un 8% de cotización especial por solidaridad. Además, la pensión que recibirá el trabajador será de un 50%, siendo muy interesante la posibilidad de compatibilizarlo con el beneficio que se obtenga de la actividad laboral.

Por su parte, las empresas también tienen requisitos y obligaciones respecto a la solicitud de la jubilación activa. Uno de los requisitos previos es no haber adoptado decisiones extintivas improcedentes (despidos) en los seis meses anteriores al momento de la compatibilidad de la pensión y la actividad laboral. También está la obligación posterior de mantener el nivel empleo.

Esta nueva modalidad opta porque el trabajador no renuncie a su empleo e incluso siga siendo productivo a jornada completa a partir de cierta edad.

Para determinar si se cumple, se toma como referencia el promedio diario de trabajadores en alta en la empresa en los 90 días anteriores al inicio de la actividad compatible, sin que se entienda incumplida respecto a los trabajadores que vean extinguidos sus contratos por motivos objetivos o despidos disciplinarios, declarados o reconocidos como procedentes; la dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente del trabajador y la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio en contratos temporales.

Una vez todo lo anterior en orden, el empleado interesado en solicitar esta jubilación activa debe recabar la conformidad de la empresa que se la otorga a través de un modelo oficial.

Con estos mimbres, surgen una serie de preguntas sumamente interesantes:

  • Si la empresa cumple el requisito, ¿la conformidad es obligatoria o cabe la negativa?
  • ¿Es la jubilación activa un derecho que la empresa debe atender dando la conformidad, como de forma analógica se concede una excedencia voluntaria cuando el empleado cumple los requisitos para solicitarla?
  • ¿La negativa injustificada supone una discriminación por razón de edad?
  • ¿Esta negativa obliga al empleado a interponer una demanda por reclamación de derecho?
  • ¿Podría exigir una indemnización por daños morales por la presunta discriminación?
  • Si un empleado solicita la jubilación activa y la empresa en ese momento no cumple el requisito de los seis meses sin despidos, pero posteriormente sí, ¿la solicitud inicial mantiene su vigencia sin que se precise reiterarla?
  • ¿La obligación de mantener el nivel de empleo atenta contra el artículo 38 de la Constitución que consagra la libertad de empresa?
  • ¿En caso de que la empresa incumpla la obligación, basta con informar a la Seguridad Social para revocar la jubilación activa? ¿Es este el procedimiento a seguir y por tanto no hay atentado contra la libertad de empresa?
  • ¿La Inspección de Trabajo actúa para comprobar que la empresa cumple la obligación adquirida?
  • ¿Esta obligación de mantener el empleo puede romper el equilibrio sensato entre la flexibilidad del mercado laboral y la seguridad del trabajador y provocar un efecto disuasorio?

Las respuestas que a estas preguntas den las empresas determinan la viabilidad real o no de la jubilación activa y las posibles consecuencias que una negativa injustificada puede conllevar. La novedad y el escaso número de empleados que conocen la medida, implica que apenas haya sentencias que contesten a estas preguntas, por lo que estaremos atentos a los pronunciamientos judiciales. Mientras tanto, habrá que seguir aplicando esta novedosa normativa de forma razonable.

Iñigo Sagardoy de Simón es Presidente Sagardoy Abogados y Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria.

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