España proyecta 13.590 M€ en redes eléctricas hasta 2030 para atender el boom de demanda y renovables
El Gobierno ha lanzado a audiencia pública la Propuesta de planificación eléctrica con horizonte 2030. El texto estará abierto a alegaciones hasta el 6 de octubre y plantea un giro en las prioridades de conexión.
La planificación eléctrica con Horizonte 2030 se presenta como una herramienta clave para acompasar el despliegue de redes con el aumento de consumo eléctrico y la penetración de las energías renovables. El documento, presentado por la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, cifra en 13.590 millones de euros las necesidades de inversión en transporte y distribución en esta década.
A diferencia de planificaciones previas, en las que el foco se situaba en la integración de generación renovable, la nueva propuesta otorga un papel central a las solicitudes de acceso de consumo. Según los registros, el 41 % de las nuevas peticiones corresponden a demanda, frente al 40 % de generación y el 19 % de almacenamiento. Esto se traduce en 27,7 GW de nueva potencia conectada a la red de transporte y 5,3 GW a distribución, mediante 422 ampliaciones de conexión.
El reparto propuesto contempla 9 GW para proyectos industriales, 1,8 GW para desarrollos residenciales, 560 MW para ferrocarril electrificado, 1,2 GW para puertos, 13,1 GW para hidrógeno verde y 3,8 GW para centros de datos. Estas cifras reflejan el impacto de la electrificación de la economía y la necesidad de infraestructuras adaptadas al auge de nuevos usos energéticos.
En paralelo, se mantiene la presión inversora en generación renovable y almacenamiento. Las solicitudes superan con creces las previsiones del PNIEC: 60 GW de eólica (el doble del objetivo inicial), 150 GW de fotovoltaica (cinco veces más) y más de 100 GW de almacenamiento (nueve veces lo previsto). El plan también incluye la expansión de la hidroeléctrica reversible, con 6,6 GW, y medidas para limitar los vertidos de renovables a un 3,3 % en 2030.
La expansión de la red conlleva una reforma normativa para elevar los límites de inversión, actualmente vinculados al PIB. El real decreto en consulta asigna 3.600 millones de euros adicionales para transporte y 7.700 millones para distribución, con cargo al sistema eléctrico, por encima de los topes establecidos. Quedan excluidas de este cómputo las interconexiones internacionales y las inversiones financiadas con fondos europeos.
El Ministerio ha subrayado que las inversiones estarán sometidas a criterios de eficiencia y transparencia. Se establecen penalizaciones para las distribuidoras que no ejecuten al menos el 80 % de la inversión incremental asignada en los dos años previos, con reducciones de hasta el 25 % del volumen. En caso de incumplimientos reiterados o falta de informes, las empresas podrían perder incluso la totalidad del incremento autorizado.
El plan mantiene como principio rector la protección del consumidor. La intención es acompasar el crecimiento de la red al de la demanda para evitar sobrecostes que repercutan en la factura eléctrica. Al mismo tiempo, se busca aprovechar el efecto deflacionario de las renovables en los precios de generación. Según cálculos del Gobierno, cada millón invertido en redes podría generar un impacto multiplicador de 1,27 millones en valor añadido bruto y 20 empleos.
El calendario de tramitación se centra ahora en la fase de audiencia pública. Hasta el 6 de octubre, administraciones, empresas y agentes del sector podrán presentar alegaciones tanto a la propuesta de planificación como al real decreto que fija los criterios de inversión. El Ejecutivo insiste en la necesidad de la colaboración entre administraciones, operadores de red y empresas para desplegar las infraestructuras que permitan sostener la transición energética.