Nueva Ley de Movilidad Sostenible, impulso a la electrificación

El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva Ley de Movilidad Sostenible, una norma largamente esperada que establece las bases para la transformación del transporte en España hacia un modelo más limpio, eficiente y conectado. Con su entrada en vigor, el país da un paso decisivo en la hoja de ruta hacia la descarbonización, consolidando un marco regulatorio que prioriza la electrificación, la movilidad activa y la planificación integrada de infraestructuras.

La aprobación de esta ley llega en un momento clave. Según los últimos datos publicados por AEDIVE la red pública de recarga eléctrica en España ha alcanzado los 48.594 puntos operativos a cierre de septiembre de 2025, un crecimiento del 7,1 % respecto al año anterior. La cifra confirma que la infraestructura de apoyo a la movilidad eléctrica está consolidando su despliegue, en paralelo al desarrollo normativo y a los objetivos de neutralidad climática establecidos en los planes nacionales de energía y clima.

La nueva ley redefine el papel del transporte en la estrategia de sostenibilidad del país. Por primera vez, reconoce el derecho a la movilidad sostenible como un derecho ciudadano, obligando a las administraciones públicas a garantizarlo mediante políticas coherentes y coordinadas. Este enfoque se traduce en la exigencia de que municipios y grandes empresas elaboren planes de movilidad sostenible o al trabajo, incorporando medidas de reducción de emisiones y promoción del vehículo eléctrico.

Además, la norma impulsa la digitalización y la intermodalidad, estableciendo la obligación de integrar la movilidad eléctrica en la planificación urbana y en los nuevos desarrollos de transporte. En la práctica, esto significa que la instalación de puntos de recarga dejará de depender de decisiones puntuales para convertirse en un elemento estructural de los planes municipales y regionales de movilidad. Con ello, se da respuesta a uno de los principales cuellos de botella del sector: la falta de coordinación entre administraciones y operadores en la expansión de la red de recarga.

La Ley de Movilidad Sostenible refuerza también la colaboración público-privada y abre la puerta a nuevos mecanismos de financiación para proyectos de infraestructura. Se prevé que la norma facilite el acceso a ayudas europeas y programas nacionales vinculados a la electrificación del transporte, mejorando la visibilidad y estabilidad regulatoria de las inversiones. Este aspecto resulta especialmente relevante para los agentes que participarán en la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización en IFEMA MADRID,  con Genera+Matelec, ya que muchos de ellos —operadores, instaladores, fabricantes y comercializadoras— dependen de un entorno regulatorio claro para planificar su actividad.

El avance simultáneo del marco legislativo y de la red de recarga crea un escenario favorable para el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Los instaladores y empresas de servicios energéticos encontrarán oportunidades en la expansión de puntos de recarga en entornos laborales, aparcamientos públicos o zonas logísticas. El hecho de que las empresas estén obligadas a disponer de planes de movilidad al trabajo generará una demanda creciente de soluciones técnicas y de mantenimiento, especialmente en el segmento de carga semirrápida y rápida.

Para los operadores de infraestructuras de recarga (CPOs), el nuevo marco legal aporta seguridad jurídica y una visión de largo plazo. La ley establece que la planificación de la movilidad deberá tener en cuenta la infraestructura energética necesaria, lo que facilita la integración de la red de recarga en los instrumentos urbanísticos. Además, la consolidación de casi 50.000 puntos públicos operativos ofrece una base sólida sobre la que construir redes interoperables y servicios inteligentes de gestión energética.

En el caso de las comercializadoras eléctricas y agregadores de demanda, la electrificación del transporte abre una vía de expansión relevante. El aumento de la recarga pública y privada incrementará la demanda de electricidad, creando espacio para nuevas ofertas tarifarias, servicios de gestión de la demanda y modelos de optimización energética. La ley, al reconocer la movilidad eléctrica como elemento clave de la sostenibilidad, favorece la aparición de productos energéticos adaptados a las necesidades del transporte.

Por su parte, los fabricantes de sistemas de recarga, almacenamiento y software de gestión se benefician de un entorno en el que la innovación tecnológica adquiere una dimensión estratégica. La norma, al incentivar la digitalización del transporte, genera un mercado más maduro y previsible para el desarrollo de soluciones avanzadas: desde la integración vehículo-red (V2G) hasta la gestión inteligente de infraestructuras en tiempo real.

También las empresas de transporte, logística y grandes centros de trabajo encuentran en esta ley un marco de actuación más claro. La obligación de adoptar planes de movilidad sostenible implicará la renovación progresiva de flotas y la instalación de puntos de recarga propios, tanto para uso interno como para clientes o empleados. Esto no solo tiene efectos en la reducción de emisiones, sino también en la eficiencia operativa y la imagen corporativa de las compañías, cada vez más comprometidas con objetivos de sostenibilidad y criterios ESG.

La clave, a partir de ahora, estará en la ejecución: en cómo administraciones y empresas consiguen traducir el marco normativo en proyectos concretos, interoperables y eficientes. España se encuentra en un punto de inflexión donde el desarrollo de la red de recarga, la digitalización del transporte y la electrificación de la movilidad convergen bajo un mismo objetivo: acelerar la descarbonización sin comprometer la competitividad del tejido productivo.