Santiago Villanueva: La seguridad y la atención de emergencias son una prioridad para Galicia

¿Qué importancia tiene la seguridad y la atención de emergencias en Galicia y qué objetivos se han propuesto en este ámbito?

La seguridad y la atención de emergencias constituyen una prioridad para Galicia. Nuestro objetivo fundamental es proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente, pero hacerlo cada vez más desde una perspectiva de anticipación y prevención, y no únicamente de respuesta cuando la emergencia ya se ha producido.

Galicia dispone de un sistema integrado de protección civil y emergencias basado en la coordinación de todas las administraciones y de los distintos servicios que pueden intervenir ante una emergencia.

En el ámbito autonómico contamos con una dirección general de emergencias e interior y con la Agencia Gallega de Emergencias, como ente instrumental para la ejecución de la política autonómica de protección civil y gestión de emergencias, la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), el servicio de Guardacostas, los servicios de prevención de incendios forestales, entre otros recursos de intervención ante situaciones de emergencia. A ello se suman diferentes servicios de emergencias municipales: servicios de protección civil, 33 grupos de emergencias supramunicipales, 25 parques de bomberos de los consorcios de extinción de incendios y salvamento, 8 parques municipales de bomberos y más de 230 agrupaciones de voluntarios de protección civil.

Y cuando la situación lo requiere, también intervienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, servicios sanitarios, otros medios estatales como la unidad militar de emergencias (UME) y otros recursos públicos y privados.

¿Cómo se coordinan todos estos recursos?

La coordinación de todos estos recursos ante emergencias ordinarias se realiza a través de los protocolos de movilización del 112; y en el caso de emergencias de protección civil, se articula fundamentalmente a través de nuestro Plan Territorial de Emergencias (Platerga) y de otros planes especiales de protección civil, que establecen cómo deben organizarse y coordinarse las administraciones y servicios ante una emergencia de protección civil. El objetivo es que, independientemente de dónde se produzca un incidente, podamos movilizar los recursos más adecuados y escalar la respuesta en función de la gravedad de la situación.

Uno de los ejes fundamentales es la prevención y, en este sentido, estamos avanzando hacia un sistema en el que la información sobre riesgos, recursos, incidencias y operativos esté cada vez más integrada y disponible en tiempo real. En este ámbito, por ejemplo, se ha venido desarrollando un geoportal de Protección Civil para ofrecerle a la población la máxima información sobre los riesgos, así como una aplicación para la gestión de los operativos por parte de las agrupaciones de voluntarios de protección civil integrada con la gestión de emergencias del 112.

En definitiva, estamos construyendo un sistema más preventivo, mejor comunicado y, sobre todo, mejor coordinado.

 ¿En qué temas o ámbitos es especialmente necesaria la colaboración público-privada?

La colaboración público-privada es necesaria especialmente en ámbitos como la autoprotección, los riesgos tecnológicos e industriales, las comunicaciones, la digitalización, la gestión de grandes eventos o determinadas capacidades técnicas especializadas.

Cuando ocurre cualquier situación de riesgo, necesitamos poner a disposición de la respuesta todos los recursos que sean necesarios. En este sentido, tenemos diferentes convenios de colaboración con colegios profesionales (psicología y trabajadores sociales), organizaciones no gubernamentales o asociaciones de voluntariado en el ámbito de protección civil y emergencias (Casaga, Cruz Roja, etc.)

La prevención requiere que empresas y administraciones compartan información, identifiquen riesgos, elaboren y prueben sus planes de emergencia, y conozcan perfectamente cómo deben integrarse en el sistema público de protección civil. Para ello, se ha aprobado una nueva norma de autoprotección que pone el foco en el conocimiento en tiempo real de los riesgos de eventos temporales y en la implantación de los planes, además de potenciar la realización de simulacros en industrias afectadas por la normativa Seveso.

Otro ámbito de colaboración público-privada muy importante es la innovación. La inteligencia artificial, el análisis masivo de datos, los sistemas de predicción, los drones, los sensores, las comunicaciones avanzadas o las nuevas herramientas de apoyo a la toma de decisiones están evolucionando muy rápidamente. La cooperación con empresas y centros de conocimiento nos permite incorporar esas capacidades de una manera más rápida y eficiente.

¿Qué importancia tiene la anticipación en la prevención de los riesgos?

Estamos observando fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y una creciente concentración de población en determinados eventos y espacios. A esto tenemos que añadir riesgos tecnológicos, industriales, energéticos, asociados a nuevas infraestructuras y, por supuesto, los derivados de una sociedad cada vez más digitalizada e interconectada.

Por eso, la anticipación resulta fundamental. Esto implica continuar mejorando nuestros sistemas de información, predicción y la emisión de alertas de protección civil, disponer de mapas de riesgo cada vez más precisos, reforzar la planificación municipal, y realizar más simulacros para comprobar que lo que está escrito en un plan funciona realmente cuando llega la emergencia. De la misma manera, tenemos que trabajar en la coordinación de todos los recursos para que todos los actores implicados actúen como un único sistema cuando sea necesario.

¿Qué actores deben implicarse en este objetivo?

En esta tarea, los ayuntamientos también tienen la obligación de elaborar y mantener actualizados sus Planes de Actuación Municipal (PAM) ante emergencias, previstos en función de los riesgos identificados en cada territorio. La obligación de elaborar los PAM se enmarca en lo establecido en los planes especiales de protección civil de ámbito autonómico frente a los principales riesgos: incendios forestales (Peifoga), inundaciones (Inungal), transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (Transgal) y establecimientos industriales que procesan o almacenan sustancias peligrosas (Planes de Emergencia Exterior). El hecho de que los municipios elaboren e implanten los planes municipales frente a aquellos riesgos detectados en su ayuntamiento implica reducir los daños en caso de emergencia dando una respuesta coordinada, eficaz y eficiente.

Cabe recordar que la Xunta pone a disposición de los ayuntamientos guías y modelos para el cumplimiento de esta obligación, con el objetivo de facilitarles el trabajo y garantizar una estructura homogénea. Además, la Xunta activó este año una línea de ayudas dotada con 300.000 euros y destinada a municipios de menos de 10.000 habitantes obligados a contar con planes de acción municipal (PAM) para el riesgo de incendios forestales con la finalidad de apoyarles en su elaboración o actualización. Más de un centenar de ayuntamientos gallegos se han beneficiado de estas ayudas.

La Xunta mantiene además un compromiso importante con las administraciones locales financiando más del 50% de los costes de funcionamiento de los consorcios contra incendios y salvamento y de los Grupos de Emergencias Supramunicipales, además de cofinanciar gastos de funcionamiento de las agrupaciones de voluntarios de protección civil y dotar a los ayuntamientos de material para los servicios de protección civil y emergencias.

Y, finalmente, existe un reto que considero transversal: la ciudadanía. Es decir, una población informada, que sabe reconocer los riesgos, que conoce los sistemas de alerta y que sabe cómo actuar ante una emergencia, es también un recurso de protección civil.

Por eso, tenemos que seguir trabajando en una cultura de prevención y autoprotección. El objetivo final no es solamente tener más medios para actuar cuando ocurre una emergencia, sino conseguir que ocurran menos situaciones de emergencia, que cuando ocurran podamos detectarlas antes y que, cuando sea necesario intervenir, podamos hacerlo de forma más rápida, coordinada y eficaz.